https://twitter.com/AsambleaSocGip/status/1019914429851406342?s=19
jueves, 19 de julio de 2018
MMSS de #gipuzkoa exigen al ayuntamiento de #Donostia un protocolo concreto de atención integral a las personas desplazadas forzosamente.
MMSS de #gipuzkoa exigen al ayuntamiento de #Donostia un protocolo concreto de atención integral a las personas desplazadas forzosamente.
https://twitter.com/AsambleaSocGip/status/1019914429851406342?s=19
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sábado, 14 de julio de 2018
Colectivos reclaman un protocolo “integral” para atender a los migrantes en Gipuzkoa
DONOSTIA- Casi una treintena de organizaciones sociales y pro derechos humanos reclamaron ayer un protocolo para acoger “de manera integral” en Gipuzkoa a los migrantes en tránsito, y cuestionaron la creación de un centro de acogida temporal en un recurso de Cruz Roja con 25 plazas por entender que es “una improvisación” y “un parcheo”.
Estos colectivos, entre los que se encuentran SOS Racismo, Amnistía Internacional, Zaporeak y Ongi Etorri Errefuxiatuak, hicieron público un manifiesto que firman también EH Bildu, Podemos, Irabazi y Equo- Berdeak, y que registraron en el Ayuntamiento de Donostia para que sea debatido en el Pleno del día 19.
Sus portavoces lo dieron a conocer en una rueda de prensa en la que mostraron su disconformidad con la decisión de la Diputación de Gipuzkoa, los ayuntamientos del territorio y Cruz Roja para habilitar en las instalaciones de esta ONG un centro de acogida provisional a migrantes en tránsito, con 25 plazas, hasta que se encuentre una ubicación definitiva.
En ese recurso, que será financiado por la institución foral, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos de Donostia e Irun, se ofrecerá a los migrantes “aseo, comida y cama para dos o tres días en los casos que lo precisen”, según el acuerdo al que llegaron el pasado miércoles. Para los firmantes del manifiesto, “es una improvisación, es ir parcheando sin una estrategia, sin una estructura ni una previsión de lo que nos puede venir”, declaró Izaskun Fernández, de Amnistía Internacional.
En el manifiesto expresan su temor de que, “a falta de mayor concreción”, las instituciones estén pensando “en recursos excepcionales y con un límite temporal”. “Lo que pretendemos es que no nos sorprenda, que la gente está llegando y muchos se van con un botellín de agua, una bolsa de frutos secos, sin asearse y sin tener un lugar de alojamiento. Esto no es para 2018 y 2019, no sabemos exactamente para cuánto, pero que somos una zona fronteriza y de tránsito es real”, destacó Fernández.
Recalcó que, además de ser un lugar de asilo y acogida al inmigrante, “que es fundamental”, Gipuzkoa debe atender también, “con todo el debido respeto del derecho humano internacional”, a las personas que están de paso, que “no desean quedarse”. Por ello, en el escrito que presentaron en el Consistorio reclaman “el establecimiento de espacios, albergues, en condiciones dignas de acogida para estas personas, con los recursos necesarios, dando las respuestas suficientes a las diferentes necesidades (comida, ropa, sanitarias u otras que deban tratarse) y no solo sean espacios para cumplir con los tres días de estancia estipulados”.
Piden que estas labores sean encomendadas a “organizaciones preparadas para ello”, que gestionen esta atención “con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta realidad”.
“Mostramos nuestra disposición a una relación con las mismas que posibilite aportar la experiencia que al respecto tenemos y podamos contar con información suficiente de los recursos que se van a crear”, concluye el texto, que suscribieron también asociaciones como Eleak, Stop Desahucios Hernani, Mugarik Gabe, Bidez Bide, Hotz Zarautz, Casa de las Mujeres de Donostia y Ehgam, así como ESK y PCE-EPK.
Denuncian además que es “un contrasentido” que en Donostia, “en tanto no se garanticen las fórmulas que se están barajando, se cierren recursos como el Gaueko Aterpea en agosto o se limite a tres días la duración en espacios destinados a estas personas”.
“Demandamos al Ayuntamiento de Donostia, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco que sean coherentes con sus declaraciones y pongan en marcha ya los mecanismos necesarios para realizar una atención integral para una acogida inmediata y estable”, recalcaron.
ALBERGUE EN IRUNTambién en Irun, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Stop Desahucios Bidasoa criticaron que la intención del municipio bidasotarra de ofrecerse como “ciudad de acogida”, tal y como señaló su alcalde, José Antonio Santano, se traduzca en una simple aportación económica para la puesta en marcha del recurso temporal de Donostia, cuando en Irun existe, por ejemplo, el albergue Martindozenea, actualmente cerrado, que podría servir para este fin.
Tras reunirse con la directora del área de Bienestar Social, estos colectivos criticaron que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, entre las que también reclaman que se les permita acceder a los comedores sociales y al punto de encuentro social a los inmigrantes sin papeles. - Efe/N.G.
viernes, 13 de julio de 2018
miércoles, 11 de julio de 2018
Recursos de apoyo a quienes transitan por Euskadi
En las últimas semanas, y producto de una llegada favorecida por
algunas entidades que en Andalucía atienden sin los recursos
necesarios a estas personas, se ha producido una cierta alarma
mediática sobre una supuesta llegada masiva que no se corresponde
con la realidad. Lo que tenemos es la constatación, reforzada con
estas llegadas, de una circulación que siempre ha existido y que es
previsible que aumente en número en los tiempos venideros.
Circulación para la que no se han arbitrado desde las instituciones
recursos de cara a atender sus necesidades específicas.
Gipuzkoa es, desde hace tiempo, uno de los puntos fronterizos de paso
en la ruta hacia el norte de Europa. Hace tiempo, pues, que en la
muga con Francia se viene realizando un control sistemático por
parte de la Gendarmería en claro incumplimiento de los acuerdos de
Shengen sobre eliminación de las fronteras interiores. Este control
deriva en numerosas detenciones y entrega a la policía española que
no siempre siguen un protocolo respetuoso con los derechos que
asisten a esas personas.
Es preciso recordar que es el cierre de fronteras que practica la UE
y el gobierno español para impedir que las personas migrantes y
refugiadas puedan acceder a territorio europeo lo que está haciendo
que repunte su llegada a las costas españolas.
En el pasado inmediato han sido numerosas las instituciones de
nuestro territorio que han mostrado públicamente su disposición a
la acogida. El ejemplo más reciente es el del ayuntamiento
donostiarra que el pasado 22 de mayo aprobó por unanimidad
constituirse como “ciudad de acogida”. Sin embargo, desde las
entidades sociales ha sido una constante la crítica hacia la
insuficiente puesta de medios que aborden las necesidades no
cubiertas de personas migrantes y refugiadas, lo que entendemos
contradictorio con esas declaraciones.
Sabemos, que en estos momentos, las instituciones han llegado
acuerdos para cubrir la carencia de recursos de apoyo a quienes
transitan por Euskadi, pero a falta de una mayor concreción nos
tememos que se esté pensando en recursos excepcionales y con un
límite temporal. Tenemos el pleno convencimiento de que las
necesidades que hoy salen a la luz tienen un carácter estructural y
que es preciso arbitrar recursos que las cubran plenamente, que
tengan un carácter integral, permanente y no excepcional, que tengan
la asignación presupuestaria para ello y que su gestión sea
transparente.
Es una tarea urgente que ha de ser abordada de inmediato. En
esa perspectiva es un contrasentido, por ejemplo, que en la capital
donostiarra en tanto no se garanticen las fórmulas que se están
barajando, se cierren recursos como el Gaueko Aterpea, en agosto o se
limite a tres días la duración en espacios destinados a estas
personas.
Por todo ello, las entidades firmantes demandamos al Ayuntamiento de
Donostia, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que
sean coherentes con sus declaraciones y pongan en marcha ya los
mecanismos necesarios para realizar una atención
integral para una acogida inmediata y estable.
Planteamos y solicitamos:
1. El desarrollo de un protocolo, para las diferentes necesidades que
se den para acoger de manera integral a las personas en tránsito en
su mayoría, que llegan a la capital guipuzcoana.
2. El establecimiento de espacios, albergues, en condiciones dignas
de acogida para estas personas, con los recursos necesarios, dando
las respuestas suficientes a las diferentes necesidades (comida,
ropa, sanitarias u otras que deban tratarse…) y no sólo sean
espacios para cumplir con los tres días de estancia estipulados.
3. Que estas labores sean gestionadas por organizaciones preparadas
por ello, que gestionen esta atención, con los recursos humanos y
materiales necesarios, para hacer frente a esta realidad.
Mostramos nuestra disposición a una relación con las mismas que
posibilite aportar la experiencia que al respecto tenemos y podamos
contar con información suficiente de los recursos que se van a
crear.
En Donostia, a doce de julio de 2018
martes, 3 de julio de 2018
viernes, 29 de junio de 2018
Exigimos retirar la reforma de la RGI de PNV-PSE
Ante la decisión del PNV y el PSE de posponer para septiembre el tramite parlamentario de la reforma de la RGI desde ARGILAN-ESK queremos decir:
- Seguimos exigiendo la retirada definitiva de la proposición de ley de la RGI presentada por el PNV y el PSE.
- No podemos celebrar su retraso cuando la única razón del PNV y el PSE para retrasar la tramitación es evitar la derrota parlamentaria y dar tiempo a que al Partido Popular se le pase el enfado de Madrid y en ningún caso existe voluntad de rectificación en el contenido de la propuesta.
- Que cuando una propuesta es nefasta para la ciudadanía vasca, porque ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide y que, por el contrario, traería consigo mucha más pobreza, el objetivo de la oposición parlamentaria de izquierdas no debería de ser el retraso del tramite de la reforma para intentar negociar a la “txikita” sino, exigir su retirada y no posibilitar que siga viva la propuesta.
- Por ultimo, reivindicamos que sea el contenido de la ILP “por los derechos sociales”, aun siendo conscientes a nuestro entender de los límites de sus propuestas, la base para cualquier negociación que intente lograr una ley que acabe de verdad con la pobreza y exclusión social en la Comunidad Autónoma Vasca.
Desde ARGILAN-ESK llevamos muchos años reivindicando una reforma radical de la RGI dirigida a solucionar sus principales carencias:
- Acabar con la pobreza. Lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre. Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016 (EPDS-2016) del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza, no perciben la RGI; y otras 63.000 que, percibiéndola, siguen siendo pobres.
- Acabar con la exclusión, promoviendo medidas de inclusión social y laboral concebidas como derechos independientes de las prestaciones económicas de garantía de rentas.
- Acabar con la actual gestión que se viene haciendo por parte de la administración vasca de la RGI/PCV/AES. Basta ya de criminalizar, humillar, ocultar datos y, hacer la vida imposible, por parte de Lanbide, a las personas solicitantes y perceptoras de las prestaciones.
Para ARGILAN-ESK la Propuesta de Ley para reformar el sistema de garantía de ingresos y la inclusión social, presentada por el PNV y el PSE, el pasado 27 de abril, no responde, en absoluto, a ninguno de los tres objetivos que acabamos de señalar: Ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide. Por el contrario, traerá consigo mucha más pobreza, porque:
- La limitación a una unidad de convivencia (UC) por vivienda expulsará de las prestaciones de RGI/PCV/AES a miles de UC (familias y personas individuales) que se ven obligadas a compartir piso para hacer frente a la carestía de este bien básico.
- La desvinculación definitiva de la RGI con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) provocará que, en años futuros, su insuficiente subida, e incluso su reducción, sea más sencilla. Desde que la RGI perdió, de facto, esta vinculación con el SMI en 2012, la cuantía de su recorte en estos siete años ha ascendido al 13,5%.
- La Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo se va a recortar en su cuantía aumentando así la pobreza de los trabajadores y trabajadoras precarias.
- Se mantendrán los controles y la persecución a la que Lanbide somete a las personas perceptoras, añadiendo, por ejemplo, la huella digital obligatoria, por más que se sepa que es, además de discriminatoria e indeseable, ilegal por contravenir los derechos a la protección de datos.
- Aunque es verdad que habrá UC que saldrán beneficiadas (las que cuentan con más de 3 miembros y las monomarentales) su beneficio, en ningún caso, evitará que sean muchas más las que resulten perjudicadas al perder su derecho a las prestaciones de RGI y PCV por no tener medios para vivir solas en una vivienda.
Para lograr una ley que acabe con la pobreza, los cambios que para ARGILAN-ESK tendría que abordar una nueva Ley de la RGI/PCV/AES, deberían ser los siguientes:
- Igualar el importe de la RGI al 100% del SMI.
- Rebajar el tiempo de empadronamiento previo para percibir la RGI y PCV a 1 año.
- Otorgar a las AES la consideración de derecho subjetivo.
- Dejar la edad para cobrar la RGI y la PCV en los 18 años.
- Avanzar en la individualización del derecho a la RGI-PCV, siempre garantizando las necesidades de supervivencia (umbral de pobreza) de cada una de las personas convivientes, así como la distribución igualitaria de estas prestaciones.
- Garantizar que los estímulos al empleo (Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo), además de ser ilimitados en el tiempo, no resulten tan escasos que le lleven a la gente que los percibe a caer en la trampa de la pobreza, abandonando los empleos para quedarse sólo con la RGI-PCV.
- Separar radicalmente el derecho a la inclusión de la RGI-PCV-AES. El derecho a la inclusión, además de ser independiente del derecho a la garantía de rentas, deberá tener dos modalidades diferenciadas, la de la inclusión social y la de la inclusión laboral.
- Dirigir el régimen sancionador hacia el objetivo de combatir el escasísimo fraude existente en este sistema de garantía de ingresos (0,3% según datos del Gobierno Vasco), e impedir que Lanbide actúe, como hasta ahora, sancionando con la pérdida de las prestaciones a personas que cometen pequeñas faltas burocráticas en el cumplimiento de sus requisitos y obligaciones.
- La gestión de las prestaciones deben sufrir un cambio radical, entre otras cuestiones:
- Se deben acortar al máximo todos los plazos actualmente vigentes de que dispone la administración frente a la persona solicitante y/o perceptora.
- Cuando la administración no conteste en plazo, sólo funcionará el silencio administrativo positivo.
- La administración no podrá volver a exigir la entrega de documentación que ya ha sido aportada y, tampoco, aquella que puede recabar internamente de otras administraciones con las cuales tiene conexiones telemáticas.
- Se pondrá en marcha un sistema de gestión que limite al máximo los pagos indebidos y en todo coso estos prescribirán en el plazo de un año.
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